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Los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias

Este año 2003 se cumplen diez de la adopción de las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20/12/93. Después de una década vemos cómo todavía falta mucho por recorrer en el camino de la igualdad de oportunidades, y este año ha sido la Unión Europea quien ha querido dar un nuevo impulso a las políticas de sus estados miembros para priorizar y visibilizar los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas con discapacidad.

Así pues, el año 2003 ha sido declarado el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, por decisión del Consejo de la Unión Europea de 3 de diciembre de 2001, con el objetivo de dirigir el proceso hacia la consecución de la plena igualdad de los derechos de las personas con discapacidad. El propósito era conseguir resultados concretos por parte de los Estados miembros: acciones en el ámbito nacional para luchar contra la discriminación, nuevas iniciativas y nuevas y más fuertes alianzas.

Esta declaración ha ofrecido a las Personas con Discapacidad de la Unión Europea la oportunidad de incluir sus derechos entre las prioridades de la Unión y de sus estados miembros.

Si entrásemos a evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, especialmente en lo que se refiere al estado español, veríamos cómo todos ellos se han planteado de una forma u otra, pero con concreciones tímidas y todavía insuficientes. Ello no obstante, cabe señalar que el hecho de hablar del tema y organizar actos públicos, ha posibilitado que el tema se haya trasladado a la opinión pública. Al menos, es un primer paso.

Sin embargo, la realidad es otra. Supongamos que encontrar un coche ocupando el vado por el que tienes que pasar con tu silla de ruedas no va contra tus derechos. Tampoco que seas citado por el médico en tu hospital público, y te reciba tres horas más tarde. Y a él, le parezca normal. Imaginemos que no atenta contra los derechos humanos que haya personas en Barcelona, con discapacidad intelectual, que viven y duermen en la calle. Que haya cola de espera de docenas de personas para tener una plaza en residencias para discapacitados psíquicos para casos urgentes de personas que ya no tienen a nadie.

El número de personas con discapacidad, que pudiendo trabajar y teniendo en cuenta que la ley obliga a las empresas, no tienen puesto de trabajo, es una desigualdad de derechos clamorosa. ¿Cómo podemos llamar a que se apruebe por el Parlamento una ley como la LISMI, ley de integración social de las personas con discapacidad, y ningún gobierno ni administración la haga cumplir?

Todos conocemos casos en los que las madres de personas con discapacidad han tenido que dejar de trabajar para dedicarse a cuidar a sus hijos porque la administración no aportaba ayudas dignas a la familia. Estas mujeres no sólo dejaban de formarse profesionalmente, sino que su desarrollo laboral sufría un truncamiento brutal, con consecuencias de pérdida económica para toda la familia, simplemente porque la administración no aportaba suficientes ayudas a las familias para que pudieran desarrollarse con normalidad.

La conculcación de los derechos de las personas con discapacidad por parte de la sociedad en general y de la administración en particular es una realidad constante de la que no se habla. Muchas personas piensan que como antes estábamos peor, se ignora sistemáticamente que nuestros gobiernos no dedican suficientes recursos económicos en sus presupuestos para atender a sus conciudadanos en situaciones críticas.

En este número de la Revista Esclat, que es doble por la cantidad de información que contiene, hablamos de los Derechos Humanos y Discapacidad con dos aportaciones muy interesantes. El primero de los artículos, es una reflexión de Emili Grande, Coordinador de Programas de ECOM, Federación Catalana de Personas con Discapacidad Física, sobre LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CATALUÑA DEL SIGLO XXI, el estado del bienestar y el peligro de exclusión de las personas con discapacidad. El segundo, de la antropóloga y trabajadora social María Cortés, nos habla del DERECHO A SER PERSONA, una aproximación a los derechos humanos desde una perspectiva antropológica y de la propia vivencia de la discapacidad. Sus aportaciones nos invitan a reflexionar sobre el tema de los derechos humanos, tema que la sociedad y sus gobiernos deberían considerar en todas y cada una de sus decisiones.

Desde esta editorial les invitamos a participar en el debate con sus aportaciones.

Jesús Sanfiz