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Un ciudadano consigue que el Parlamento pida cambiar una ley estatal para agilizar los procesos de incapacitación

La Comisión de Peticiones ha propuesto reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil después de escuchar la demanda del señor Joan Vendrell, un ciudadano que no ha conseguido que una jueza se desplace al centro asistencial donde reside su hijo, un joven que sufre autismo de Kanner, para tramitar el procedimiento de incapacitación.

Para cambiar la legislación, los diputados de la Comisión han suscrito una propuesta unitaria para presentar ante la Mesa del Congreso de Diputados una proposición de ley de adición de un nuevo apartado al artículo 759 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Este artículo considera que, en los procesos de incapacitación, el tribunal debe examinar directamente a la persona supuestamente incapaz, pero deja que sea el magistrado quien decida si se desplaza o no al domicilio de la persona afectada, independientemente de las dificultades de movilidad que le comporte la enfermedad o la invalidez.

Ara el Parlamento pide al legislador estatal que resuelva esta laguna con un nuevo apartado que indique que “siempre que las partes soliciten y prueben, mediante la aportación de un certificado médico oficial, que el presunto incapaz o sus parientes más próximos no están en condiciones físicas o psíquicas para desplazarse a las dependencias judiciales, el médico forense y el juez magistrado deben acudir a su domicilio a hacer el examen al que se refiere el apartado anterior”.

Joan Vendrell se dirigió el 6 de febrero al Parlamento para denunciar que el procedimiento de incapacitación de su hijo, de 29 años, estaba bloqueado porque la jueza que lleva el caso se niega a ir al centro donde está ingresado. El 29 de mayo pasado, este padre fue llamado a comparecer ante la Comisión de Peticiones y explicó y acreditó que el desplazamiento de su hijo hasta las dependencias judiciales podía ser muy perjudicial para la salud y la seguridad del joven, de sus padres e incluso de las personas que puedan estar en dichas dependencias.

La propuesta de reforma legislativa que hace la Comisión, que la Mesa ya ha admitido a trámite, se defenderá primero ante el Pleno, que es el encargado de acordar enviarla al Congreso de Diputados, dado que se trata de modificar una ley estatal. Una vez en Madrid, el Pleno del Congreso de Diputados debe escuchar una representación de parlamentarios catalanes antes de votar si la tramita o no.

La Comisión de Peticiones, que creó el nuevo reglamento del Parlamento, en vigor desde el año 2006, “es el órgano competente para tramitar las peticiones que los ciudadanos hacen al Parlamento en el ejercicio del derecho de petición individual o colectiva” y quiere ser una herramienta más para aproximar el Parlamento y los ciudadanos, que podrán comparecer para exponer sus peticiones. Una vez examinadas, podrán ser remitidas a la comisión parlamentaria correspondiente, a los grupos, al Gobierno o a los departamentos competentes, a cualquier otro órgano de la Generalitat o de otra administración pública, o al Síndic de Greuges. F

David Casals